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Publicado el 04-06-2010

Educación Estatal definida por la corte

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Armando Zarazú
azarazu@aol.com


Para nadie es un secreto que la diferencia económica que separa a los, alrededor de 160 sistemas educativos que existen en el Estado, particularmente aquellos en donde las minorías tienen fuerte presencia; ha sido, y es, factor substancial para proveer mejores servicios educativos a los estudiantes de Connecticut. Las consecuencias que derivan de esa realidad son catastróficas: baja puntuación en los exámenes estandarizados estatales, imposibilidad de proporcionar servicios educacionales adecuados, carreras universitarias frustradas y, altos índices de deserción escolar; todo lo cual tendrá repercusiones negativas en el futuro si no se enmienda la forma como se está definiendo la educación de nuestros jóvenes.
De allí que es muy importante, a la vez de histórica, la de decisión de la Corte Suprema del Estado de declarar que “la Constitución de Connecticut garantiza a los estudiantes no solamente el derecho a la educación pública, sino también, a que esta sea una que los prepare para desempeñarse en un empleo, en la universidad y cumplir actividades cívicas, como votar y participar en un jurado”. La decisión de la Corte no recomienda cambios, lo que ha hecho es dar la razón a una demanda presentada el 2005, y que sostiene que la forma actual que tiene el Estado de dotar de fondos a la educación es la razón para que exista una educación inadecuada y desigual.
La demanda fue presentada hace cinco años por la Coalición de Connecticut para una Justa Distribución de Fondos para Educación, agrupación formada por organizaciones municipales y educacionales, conjuntamente con organizaciones de padres de familia de Hartford, New Haven, East Hartford, New London, Plainfield, New Britain, Bridgeport, Dambury y Windham. La demanda estaba fundamentada en que el Estado no mantenía un sistema de educación igualitario, lo cual se traducía a que muchos distritos escolares carecieran de financiación para proveer recursos educativos adecuados, lo que traía como consecuencia inmediata la falta de libros en las bibliotecas, maestros con estudios avanzados y abismales diferencias en los exámenes estatales. Es necesario puntualizar que el derecho a una igual y adecuada educación fue consecuencia de la demanda Horton vs. Meskill.
Indudablemente que la terminología judicial es bastante difícil de entender para los que no estamos familiarizados con ella. Sin embargo, en buen cristiano, lo que la Corte ha dicho es que todo niño de este Estado tiene derecho a obtener una educación que lo prepare para el futuro. Para lograr esa meta el Estado ...
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